FaCloud – Facturación electrónica y Verifactu
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto que marca un antes y un después en la gestión de facturación en España. A partir de su entrada en vigor, todas las empresas y profesionales estarán obligados a utilizar la factura electrónica en sus operaciones comerciales, en lo que se conoce como sistema B2B (business to business).
Esta medida no solo supone un paso decisivo hacia la digitalización del tejido empresarial, sino que también busca atajar uno de los principales problemas estructurales de las empresas españolas: la morosidad. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende reducir los plazos de pago, mejorar la liquidez de las pymes y avanzar hacia una economía más eficiente, transparente y competitiva.
España arrastra desde hace años uno de los periodos medios de pago más elevados de la Unión Europea. Actualmente, las empresas tardan en pagar sus facturas alrededor de 80 días de media, superando ampliamente el límite legal de 60 días que establece la Ley de Morosidad.
Esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que ven comprometida su liquidez y capacidad de crecimiento. De hecho, según datos de la Comisión Europea, apenas el 20% de las grandes empresas cumplen con los plazos de pago establecidos.
La implantación de la factura electrónica obligatoria pretende revertir esta realidad mediante un sistema que permita mayor control, trazabilidad y transparencia en todo el ciclo de facturación.
Qué es la factura electrónica B2B y cómo funciona
El nuevo real decreto redefine el concepto de factura electrónica, que deja de ser un simple PDF (o documentos en Excel o incluso en papel) para convertirse en un fichero estructurado de lectura automatizada. Esto supone un cambio radical en la forma en la que las empresas gestionan su facturación.
Hasta ahora, muchas empresas trabajaban con facturas en PDF, hojas de cálculo o formatos físicos, lo que obligaba a introducir manualmente los datos en los sistemas contables. Con el nuevo modelo, la información se integra automáticamente en el software de gestión, eliminando errores y reduciendo tiempos.
Uno de los grandes avances del sistema es la obligación de informar sobre el estado de cada factura. Es decir, no solo se registrará su emisión, sino también su aceptación y la fecha efectiva de pago. Este seguimiento completo permite conocer en todo momento en qué punto se encuentra una factura, lo que resulta clave para combatir la morosidad.
Gracias a esta trazabilidad, tanto las empresas como la Administración podrán supervisar el cumplimiento de los plazos legales de pago, aportando mayor seguridad y previsibilidad a las operaciones comerciales.
Las empresas dispondrán de dos opciones para gestionar el intercambio de facturas electrónicas:
La creación de esta infraestructura pública refuerza el compromiso del Gobierno con la digitalización inclusiva, evitando que el coste tecnológico sea una barrera de entrada.
Más allá del cumplimiento normativo, la factura electrónica representa una oportunidad clara de optimización para las empresas. La automatización de procesos elimina tareas manuales como la introducción de datos, la gestión de documentos en papel o la conciliación de facturas.
Actualmente, en España se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año, generando un ahorro estimado superior a los 2.700 millones de euros. Estos beneficios se concentran especialmente en sectores como la distribución, el automóvil, la sanidad o el turismo, donde la factura electrónica ya está ampliamente implantada.
Las previsiones apuntan aún más alto. Si España alcanza niveles similares a los de Italia, donde se gestionan más de 2.000 millones de facturas electrónicas anuales, el ahorro podría superar los 8.000 millones de euros.
Para las pymes, esto se traduce en una reducción significativa de costes administrativos, mayor eficiencia operativa y liberación de recursos que pueden destinarse al crecimiento del negocio.
La entrada en vigor del sistema será progresiva, con el objetivo de facilitar la adaptación de todas las empresas:
Estos plazos comenzarán a contar a partir de la publicación de la orden ministerial que regulará los aspectos técnicos de la plataforma pública de facturación, prevista antes del 1 de julio de 2026.
Este calendario escalonado busca minimizar el impacto operativo y permitir que empresas de todos los tamaños puedan implementar soluciones tecnológicas adecuadas.
La aprobación de este real decreto coincide en el tiempo con otra iniciativa clave del Ministerio de Hacienda: el sistema Verifactu. Sin embargo, ambos proyectos tienen objetivos distintos.
Aunque complementarios, se trata de sistemas independientes. Verifactu ya está en vigor, aunque su aplicación práctica se ha pospuesto hasta 2027.
Esta normativa desarrolla el artículo 12 de la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022) y se alinea con las iniciativas europeas de digitalización del IVA, como el proyecto VIDA (VAT in the Digital Age).
Su implementación supone un avance significativo hacia una economía más moderna, digital y eficiente, en la que las empresas operan con mayor transparencia y menor carga administrativa.
Además, el nuevo sistema contribuye a equilibrar las relaciones comerciales entre grandes empresas y pymes, reduciendo las asimetrías de poder en la negociación de pagos.
Los datos reflejan una evolución positiva del tejido empresarial en los últimos años. Desde 2019:
Este crecimiento pone de manifiesto la necesidad de contar con herramientas que faciliten la gestión y el desarrollo empresarial. La factura electrónica se presenta como una solución clave para consolidar esta tendencia.
Ante este nuevo escenario, contar con una herramienta de facturación adaptada a la normativa es fundamental. En este contexto, soluciones como Facloud permiten a empresas y profesionales cumplir con la legislación de forma sencilla, automatizar procesos y optimizar su gestión financiera.
La transición hacia la factura electrónica no es solo una obligación legal, sino también una oportunidad para mejorar la eficiencia, reducir costes y ganar competitividad en un entorno cada vez más digitalizado.
La obligatoriedad de la factura electrónica B2B marca un punto de inflexión en la economía española. Con ella, el Gobierno no solo busca reducir la morosidad, sino también impulsar una transformación digital profunda en el tejido empresarial.
Para las empresas, especialmente las pymes, este cambio supone tanto un reto como una oportunidad. Aquellas que se adapten con rapidez podrán beneficiarse de una gestión más ágil, mayor control financiero y mejores perspectivas de crecimiento.
La digitalización ya no es una opción, sino una necesidad. Y la factura electrónica es, sin duda, uno de los pilares clave de este nuevo modelo económico.
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